20 agosto 2026
El reclamo central es “la continuidad del
sistema de reciclado que los recuperadores urbanos construyeron durante casi
veinte años. Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y
Recicladores (FACCyR) advierten que el contrato actual vence en septiembre y
que el nuevo esquema impone requisitos —facturación mínima, flotas propias de
camiones y titularidad de los Centros Verdes— que dejarían fuera a las
cooperativas y favorecerían a empresas privadas de higiene urbana”.
Esas exigencias, sostienen, responden al modelo
de grandes compañías y no al funcionamiento actual, en el que los predios son
del Estado y se operan mediante comodatos. El conflicto involucra a más de
7.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las cooperativas
subrayan que no solo está en juego el empleo, sino un modelo de gestión que
amplió la separación en origen y evitó que toneladas de materiales terminaran
enterradas en el CEAMSE.
FACCyR cuestiona además el argumento oficial de
que el deterioro del sistema justifica la nueva licitación. Según la
organización, en los últimos años el Gobierno porteño recortó el financiamiento
para logística, mantenimiento de vehículos e insumos. Un ejemplo concreto es el
Centro Verde de Barracas, destruido por un incendio y sin reparar desde hace
dos años.
“Mucho antes de que la Ciudad hablara de
economía circular, fuimos miles de recuperadores urbanos quienes organizamos la
separación en origen, desarrollamos los Centros Verdes y garantizamos que miles
de toneladas de materiales no terminen enterradas en el CEAMSE”, señalaron en
un comunicado.
Las cooperativas aclaran que “no se oponen a
incorporar tecnología ni a mejorar el servicio. Exigen, en cambio, que
cualquier cambio garantice la continuidad laboral, respete la Ley de Basura
Cero y preserve la participación de las organizaciones en la recolección puerta
a puerta y en la operación de los Centros Verdes”, destacaron.
