12 agosto 2026
Los datos sobre la
situación anímica que atraviesan los y las argentinas son alarmantes; y dan
cuenta de una verdadera epidemia de padecimientos de salud mental: por primera
vez, los fallecimientos por suicidio superaron a las muertes por accidentes de
tránsito y los casos de homicidios, de acuerdo al Sistema Nacional de
Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Aumentaron un 22,6% los casos durante el año pasado. Es decir, que mientras los
crímenes bajaron y los accidentes de tránsito se mantuvieron en los niveles de
hace dos años, los padecimientos mentales se agudizaron a tal punto que, en
2025, se ha registrado un suicidio cada dos horas. Y no solamente eso, sino que
1 de cada 3 personas ha pasado por situaciones de ansiedad, depresión, insomnio
y relaciones de consumo problemático.
El nivel del recorte de Milei es criminal: el presupuesto de Salud Mental para
este año 1,42%, muy por debajo del 10% que exige la Ley de Salud Mental. El
hospital especializado en salud mental y adicciones Laura Bonaparte, sufrió una
quita del 55% con respecto a 2023. En tanto que en la Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas (Sedronar) el recorte fue del 31,5%. Por los recortes
en el Plan Remediar, solo en Provincia de Buenos Aires, 6.000 usuarios se han
quedado sin medicación por demás costosa.
En este marco, desde ATE tomamos la decisión de llevar la crisis de la salud
mental al primer plano de las agendas. Porque a las más de 5.200 víctimas de
los padecimientos mentales, le seguirán miles más si no se implementan
políticas de atención y prevención en todos los niveles y ámbitos.
Mientras tanto en la Ciudad de Buenos Aires las y los trabajadores de salud
mental decimos: Jorge Macri, pará la mano.
El Jefe de Gobierno, en sus razias mediáticas, persigue a quienes atraviesan
las situaciones de mayor vulnerabilidad mientras degrada los servicios públicos
de la Ciudad.
Un retroceso de más de 40 años atraviesa el sistema de salud mental,
convirtiendo sus dispositivos en asilos.
Frente a la ausencia de respuestas y políticas sociales, el Gobierno utiliza
hospitales y centros de salud mental para alojar a personas que no presentan
diagnósticos de padecimientos mentales. Las personas en situación de calle son
perseguidas y quienes egresan de hospitales de agudos sin contar con redes
familiares son derivados a dispositivos de salud mental. La situación de los
hospitales Borda y Moyano es una muestra clara de esta política.
Mientras se desnaturalizan las funciones de los servicios, estos se encuentran
colapsados y carecen de condiciones edilicias, de seguridad y de insumos
básicas. Tampoco existen estructuras que reconozcan los cargos jerárquicos, y
las responsabilidades asumidas por las y los trabajadores no son reconocidas
salarialmente.
Como consecuencia del colapso, se superponen sectores y se agrupa a pacientes
en espacios inadecuados, exponiéndolos al contagio de enfermedades como la
tuberculosis. Faltan áreas de aislamiento, consultorios y servicios de
enfermería acordes a las necesidades de atención.
Al mismo tiempo, el Gobierno anuncia el cierre de la sede Dávila de Talleres
Protegidos, donde funcionan los Talleres 2 y 14 de formación en herrería,
carpintería, costura y otros oficios, fundamentales para la inclusión social y
la construcción de proyectos de vida de las personas que allí concurren.
Además, en los centros de salud mental, como el Ameghino y el Centro de Salud
Mental N.º 1, se deteriora la calidad de la atención mediante la implementación
de turneras digitales que impiden realizar la admisión interdisciplinaria
necesaria para ofrecer respuestas adecuadas a cada persona y a cada
problemática.
Denunciamos el vaciamiento de recursos, capacidades y sentido que está llevando
adelante Jorge Macri. No vamos a ser cómplices de la degradación de los
servicios de salud mental de la Ciudad. Por eso lanzamos la campaña de
monitoreo público "SALUD MENTAL EN EMERGENCIA".
Sumate.
La salud mental no se ajusta.
La salud pública se defiende.
